OAXACA DE JUÁREZ, Oax. — Mientras que las dependencias estatales de seguridad e procuración de justicia operan con presupuestos millonarios y bolsas de financiamiento federal incrementadas, los resultados en las calles continúan siendo objeto de un intenso debate público entre los logros declarados por las autoridades y la persistente impunidad que percibe la ciudadanía.
A través del Programa Operativo Anual y asignaciones federales como el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), instituciones como la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana operan con presupuestos que superan los cientos de millones de pesos destinados al fortalecimiento operativo, equipamiento e investigación. Tan solo la FGEO cuenta con asignaciones anuales cercanas a los mil millones de pesos para la persecución del delito.
Por un lado, las cifras gubernamentales defienden que el gasto público ha rendido frutos, reportando disminuciones en indicadores como el promedio de homicidios dolosos y la incidencia delictiva general. Sin embargo, analistas y organizaciones civiles contrastan estos datos con la efectividad de la resolución de carpetas de investigación, argumentando que una alta inyección presupuestal no se ha traducido de manera proporcional en sentencias condenatorias ni en la reducción sustancial de los delitos de alto impacto que flagelan a las regiones del estado.
A la par de la efectividad penal, la credibilidad de los organismos de seguridad e investigación se ha visto lacerada por escándalos internos que cuestionan el uso de las propias herramientas e infraestructura institucional. Recientemente, la Contraloría Interna de la propia FGEO tuvo que iniciar indagatorias administrativas y penales sobre el uso irrestricto y desvío de bienes asegurados bajo su custodia, un reflejo de los vacíos de control que empañan la gestión del presupuesto público.
El reto para la administración estatal sigue siendo demostrar que los recursos extraordinarios captados para el rubro de seguridad no representen únicamente un gasto operativo corriente, sino una verdadera transformación en la impartición de justicia y la tranquilidad de las comunidades oaxaqueñas.
