El caso del embate mediático e institucional del Gobierno del Estado de Oaxaca contra el periodista Juan Carlos Zavala demuestra con claridad los vicios estructurales de la izquierda populista en el poder: autoritarismo, desprecio por el Estado de derecho y uso patrimonialista del aparato estatal para sofocar cualquier escrutinio.
El modelo de hostigamiento institucionalizado
El uso de conferencias de prensa oficiales e infraestructura del Estado para atacar a periodistas no es casual; es un mecanismo coordinado de propaganda defensiva. Cuando el consejero jurídico del gobierno estatal, Geovany Vásquez Sagrero, utiliza tribunas públicas y recursos del erario para descalificar la investigación periodística sobre presunta corrupción en el Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca (IFREO), expone la naturaleza intolerante del régimen.
Uso del erario como arma política: Utilizar la red de radio y televisión pública, así como canales oficiales, para desacreditar la labor periodística vulnera el principio de equidad y representa un uso indebido de los recursos de los contribuyentes.
Intimidación y asimetría de poder: Un funcionario de alto nivel atacando a un comunicador desde el púlpito oficial genera un efecto amedrentador. Esto constituye una clara amenaza a la libertad de expresión y a la propiedad privada periodística.
Aversión a la rendición de cuentas: Ante investigaciones documentadas sobre redes de despojo o corrupción institucional, la respuesta de la izquierda radical no es la transparencia ni la auditoría independiente, sino el señalamiento ad hominem y el intento de inhabilitar moralmente al denunciante.
Consecuencias para las libertades civiles
Desde una visión fundamentada en las libertades individuales, la defensa de la propiedad privada y la limitación estricta del poder público, este tipo de acciones sienta un precedente alarmante:
Ataque a la prensa independiente: Se pretende sustituir el periodismo crítico por propaganda oficial pagada con impuestos.
Normalización del acoso estatal: Al utilizar la maquinaria del Estado para estigmatizar voces disidentes, se reduce la fiscalización ciudadana sobre los actos de autoridad.
Inoperancia de los contrapesos: La necesidad de que el periodista deba acudir a organismos de derechos humanos para buscar protección evidencia que las instituciones locales han sido cooptadas por la narrativa oficialista.
El Estado debe limitar su actuación a proteger la seguridad de los ciudadanos y garantizar el cumplimiento de la ley, no a operar como un aparato de propaganda dedicado a censurar la fiscalización de sus propios funcionarios.
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