Celebran aniversario por disculpa pública de ADIDAS en Yalalag

Adidas ofreció disculpa pública al pueblo zapoteca de Yalalag por apropiación cultural de sus bordados

OAXACA, México. A un año que la multinacional deportiva Adidas emitiera una disculpa pública dirigida a la comunidad indígena zapoteca de Villa Hidalgo Yalalag, ubicada en la Sierra Norte de Oaxaca, tras la polémica generada por la comercialización de prendas que incorporaban patrones y bordados tradicionales sin el consentimiento, autorización ni reconocimiento de los creadores originarios, la comunidad celebró tal victoria.

La controversia escaló a nivel internacional cuando colectivos de artesanos, autoridades locales e instituciones culturales denunciaron que la marca alemana utilizó los icónicos bordados del huipil yalalteco —caracterizados por sus complejos motivos florales y su profunda carga identitaria— dentro de una de sus líneas de vestimenta urbana sin entablar un diálogo previo con la comunidad.

En el comunicado institucional difundido por la empresa, la firma reconoció que la utilización de estos patrones incurrió en un uso indebido de los derechos de propiedad intelectual colectiva y el patrimonio cultural de la comunidad.

Reconocimiento del error: Adidas admitió expresamente no haber seguido los protocolos éticos ni la normativa correspondiente de consulta previa con la comunidad indígena.

Compromisos asumidos: La compañía se comprometió a retirar de sus canales de distribución las prendas objeto del conflicto y a entablar mesas de diálogo para garantizar la reparación del daño.

Marco de protección: El caso sienta un precedente relevante en la aplicación de la Ley General de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

Autoridades comunitarias de Villa Hidalgo Yalalag señalaron que el valor de sus bordados va más allá de un elemento estético, pues representan la cosmovisión, historia y herencia de su pueblo. Asimismo, enfatizaron que cualquier colaboración futura por parte de marcas globales debe garantizar un comercio justo, consentimiento libre, previo e informado, y el respeto irrestricto a los derechos colectivos sobre sus expresiones culturales.

Rocha Moya regresa

La impunidad institucionalizada: El "Narco-Estado" consolida su poder con el retorno de Rocha Moya en Sinaloa

​Por: Redacción 

​La simulación institucional en México ha alcanzado un nuevo hito. Con absoluta desfachatez y tras una supuesta "licencia temporal", Rubén Rocha Moya ha reasumido el cargo de Gobernador Constitucional de Sinaloa. Mientras el Departamento de Justicia de los Estados Unidos lo sitúa bajo la lupa por presuntos vínculos operativos y financieros con el crimen organizado —específicamente con la facción de "Los Chapitos"—, en México el aparato estatal le abre la puerta de par en par amparándose en el "blanqueamiento" exprés de las autoridades locales.

​El retorno de Rocha Moya no representa solo la reinstalación de un funcionario cuestionado; es la radiografía viva de una crisis de soberanía, ley y orden que aqueja a la nación.

​Puntos Clave del Retorno

• ​Imprenta de impunidad: El mandatario estatal justificó su regreso al sostener que la Fiscalía General de la República (FGR) "no halló elementos" en su contra, exponiendo el marcado contraste entre los órganos de procuración de justicia de la administración actual y los expedientes armados por agencias de inteligencia norteamericanas.

• ​Discurso nacionalista defensivo: Siguiendo la retórica característica del régimen, Rocha Moya calificó las severas indagatorias internacionales como "ataques e injerencismo de la ultraderecha", buscando transmutar un problema de seguridad nacional y presunto narco-mecenazgo en una batalla ideológica.
• ​Aumento descontrolado de la violencia: Bajo la gestión de Rocha Moya, Sinaloa ha experimentado un incremento sistemático de homicidios y operativos criminales que demuestran un quiebre total del Estado de derecho y de la autoridad legítima.

​Análisis desde la Nueva Derecha: La claudicación del Estado de Derecho

​Para las fuerzas conservadoras y defensores de un Estado fuerte con imperio de la ley, el caso Sinaloa exhibe tres fallas estructurales del modelo político vigente:

1. ​Destrucción de la Legitimidad Moral: Un gobernante sobre el que pesan sospechas fundadas de pactos con estructuras delictivas pierde la autoridad moral para dirigir la fuerza pública, dejando desprotegida a las familias, a los emprendedores y a la ciudadanía de bien.
2. ​Soberanía vs. Complicidad: El régimen utiliza el concepto de "soberanía" como un escudo para proteger sospechosos de la justicia internacional, confundiéndola deliberadamente con la impunidad operativa de la clase política.
3. ​El Avance de las Estructuras Narco-Socialistas: El abandono de las libertades económicas y del orden institucional abre la puerta al control territorial de los cárteles, destruyendo la propiedad privada y sustituyendo la ley formal por la voluntad del crimen organizado.

​El retorno de Rubén Rocha Moya confirma que para restablecer la paz social no bastan los discursos de soberanía: se requiere una reconstrucción urgente del imperio de la ley, fronteras seguras y un combate frontal y de tolerancia cero contra la narcopolítica.

​Para entender el contexto de la crisis de seguridad y el descontrol institucional bajo la gestión actual en Sinaloa, resulta ilustrativo revisar el reporte sobre la violencia en Sinaloa bajo la administración de Rubén Rocha Moya. Este video sintetiza el dramático incremento en los índices delictivos que han dejado a la población a merced del crimen organizado durante este periodo.

Oaxaca: Izquierda populista VS Prensa

El caso del embate mediático e institucional del Gobierno del Estado de Oaxaca contra el periodista Juan Carlos Zavala demuestra con claridad los vicios estructurales de la izquierda populista en el poder: autoritarismo, desprecio por el Estado de derecho y uso patrimonialista del aparato estatal para sofocar cualquier escrutinio.

El modelo de hostigamiento institucionalizado

El uso de conferencias de prensa oficiales e infraestructura del Estado para atacar a periodistas no es casual; es un mecanismo coordinado de propaganda defensiva. Cuando el consejero jurídico del gobierno estatal, Geovany Vásquez Sagrero, utiliza tribunas públicas y recursos del erario para descalificar la investigación periodística sobre presunta corrupción en el Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca (IFREO), expone la naturaleza intolerante del régimen.

Uso del erario como arma política: Utilizar la red de radio y televisión pública, así como canales oficiales, para desacreditar la labor periodística vulnera el principio de equidad y representa un uso indebido de los recursos de los contribuyentes.

Intimidación y asimetría de poder: Un funcionario de alto nivel atacando a un comunicador desde el púlpito oficial genera un efecto amedrentador. Esto constituye una clara amenaza a la libertad de expresión y a la propiedad privada periodística.

Aversión a la rendición de cuentas: Ante investigaciones documentadas sobre redes de despojo o corrupción institucional, la respuesta de la izquierda radical no es la transparencia ni la auditoría independiente, sino el señalamiento ad hominem y el intento de inhabilitar moralmente al denunciante.

Consecuencias para las libertades civiles

Desde una visión fundamentada en las libertades individuales, la defensa de la propiedad privada y la limitación estricta del poder público, este tipo de acciones sienta un precedente alarmante:

Ataque a la prensa independiente: Se pretende sustituir el periodismo crítico por propaganda oficial pagada con impuestos.

Normalización del acoso estatal: Al utilizar la maquinaria del Estado para estigmatizar voces disidentes, se reduce la fiscalización ciudadana sobre los actos de autoridad.

Inoperancia de los contrapesos: La necesidad de que el periodista deba acudir a organismos de derechos humanos para buscar protección evidencia que las instituciones locales han sido cooptadas por la narrativa oficialista.

El Estado debe limitar su actuación a proteger la seguridad de los ciudadanos y garantizar el cumplimiento de la ley, no a operar como un aparato de propaganda dedicado a censurar la fiscalización de sus propios funcionarios.

Asesinato en Xoxocotlán

Ejecutan a J. A. G. L. en Santa Cruz Xoxocotlán; Fiscalía investiga los hechos.

Una persona del sexo masculino fue ejecutada a balazos la noche de este martes a la altura del gimnasio Sams, en la Avenida del Valle de Santa Cruz Xoxocotlán.

La víctima que viajaba a bordo de un automóvil Kia de color azul con placas de circulación V78-BFZ, fue atacada por dos sujetos desconocidos que circulaban a bordo de una motocicleta, mismos que abrieron fuego en al menos 5 ocasiones en su contra.

Paramédicos de Xoxocotlán acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios al sujeto, sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. 

Elementos de la policía municipal, estatal ya acordonan la zona en espera del arribo de personal de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes e investigar los hechos, la víctima respondía al nombre de José Alberto G. L. de 37 años de edad.

Acusan desvío de 105 MDP por Francisco Martínez Neri

FRANCISCO MARTÍNEZ NERI SIN COMPROBAR 105 MILLONES DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONFORME LA AUDITORIA  OA/CPM/003/2023 REALIZADA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022, SE DETECTARON 31 PLIEGOS DE OBSERVACIÓN POR UN MONTO TOTAL DE $105,102,810.15 MILLONES

Según los datos que arrojó la auditoria financiera realizada por la Auditoria Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, el Presidente Municipal con licencia de Oaxaca de Juárez, Francisco Martínez Neri, no pudo comprobar el ejercicio de recursos públicos por $105,102,810.15 millones. Del resultado de la auditoria financiera, se tuvieron 39 acciones respecto a la cuenta pública del ejercicio 2022, de las cuales 8 resultaron en solicitudes de aclaración y 31 en pliego de observaciones.

Los montos más altos que arrojó la auditoria corresponden al resultado: AF-10 (2022-OA/CPM/003/2023-PO-03, $6,681,133.43; AF-18 (2022-OA/CPM/003/2023-PO-11), $26,294,920.55; AF-20 (2022/CPM/003/2023-PO-12), $6,376,088.07; AF-23 (2022-OA/CPM/003-PO-15, $6,336,636.12; AF-24 (2022/CPM/003/2023-PO-16), $17,983,028.53; AF-32 /2022-OA/CPM/003-PO, $5,298,753.25 y AF-34 (2022-OA/CPM/003/2023-PO-23, $14,619,526.40.

Según el análisis de los auditores, y conforme a los pliegos de observaciones citados, dentro del resultado AF-10, ser revisaron las prestaciones contractuales, determinando que Oaxaca de Juárez afectó el Presupuesto de Egresos por un monto de $6,681,133.43 en virtud de que el municipio no soportó transferencias derivadas de PRESTACIONES CONTRACTUALES de sindicatos del municipio, además de realizar pagos indebidos.

Respecto al resultado AF-18, la auditoria detectó un daño patrimonial por $26,294,920.55, en materia de combustibles, en virtud de que la autoridad municipal no soportó con documentación comprobatoria el gasto referente a las bitácoras de combustibles.

En relación con el resultado AF-20, detectó un daño respecto a la compra de refacciones menores, de cómputo, de transporte  y maquinaria, por un monto total de $6,376,088.07, en virtud de que no pudo aclarar con documentación comprobatoria las compras realizadas en dicho rubro.

Conforme al resultado AF-24, la ASFE determinó irregularidades en los arrendamientos realizados en equipos de transporte y maquinaria por un monto total de $17,983,028.53. Según los datos dados por la ASFE, el municipio de Oaxaca de Juárez realizó pagos indebidos a favor de la empresa moral Lumo Financiera del Centro S.A, por lo que deberá de acreditar con documentación el ejercicio de los gastos o regresar dicha cantidad a Tesorería.

Por último, el resultado AF-34, determinó que el municipio de Oaxaca de Juárez no comprobó la cantidad de $14,619,526.40, correspondiente a la partida de "Fletes y Maniobras".

El informe individual concluye en el monto total sin comprobar de $105,102,810.15.