La ausencia de avances tangibles por parte de las autoridades competentes evidencia, una vez más, que la retórica del poder en turno es incapaz de salvaguardar el Estado de derecho.
Para el espectro de la nueva derecha mexicana, la violencia rampante y el estancamiento de esta investigación no son hechos aislados, sino la consecuencia directa de un modelo gubernamental centralista que desmantela los contrapesos, descuida el orden público y abandona a la ciudadanía frente a la delincuencia.
Impunidad sistémica y el cuestionamiento a la gestión pública
Leyva Aguilar ejercía una labor periodística crítica, orientada a señalar los vacíos institucionales y los excesos del poder público. Su caso ha expuesto las deficiencias de los organismos de procuración de justicia y la fragilidad del entramado institucional frente a la inseguridad:
Parálisis institucional: A pesar de los comunicados de prensa y la aparente colaboración federal, no existen detenidos ni esclarecimiento claro sobre la autoría intelectual o material del crimen.
Falta de garantías para la libertad de expresión: El debilitamiento de los organismos de protección ciudadana y el asedio constante a las voces disidentes reducen las condiciones mínimas necesarias para el debate democrático.
Deterioro del orden y la seguridad: La incapacidad para contener la violencia en el estado demuestra el fracaso de los discursos asistencialistas frente al cumplimiento irrenunciable de la ley.
Exigencia por la vigencia del Estado de Derecho
Desde el movimiento conservador y la nueva derecha, se sostiene que el libre ejercicio de las libertades individuales depende indispensablemente del cumplimiento estricto de la ley y el combate frontal a la impunidad. Exigir justicia por Alejandro Leyva no es únicamente defender el ejercicio del periodismo crítico, sino demandar el fin del sesgo ideológico en la gestión pública para dar paso a instituciones firmes, eficaces y comprometidas con la certidumbre jurídica de la nación.
