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DESARME O DEVOLUCIÓN DEL ESTADO: LA CRÍTICA AL DESARME CIUDADANO EN MÉXICO

OAXACA DE JUÁREZ, OAX. — Bajo la premisa populista de "desincentivar la violencia", los programas asistenciales de canje de armas por despensas o "un kilo de arroz" han demostrado ser un rotundo fracaso en la contención del crimen organizado. Para la corriente conservadora de México, este modelo no representa una política pública de seguridad, sino una flagrante estrategia de desarmar a la ciudadanía honesta mientras las estructuras criminales continúan fortaleciéndose y operando en la total impunidad.

Desde la óptica conservadora y de libre mercado, la transferencia de la responsabilidad de la seguridad pública al Estado requiere, como contraparte, que la autoridad ejerza el monopolio de la fuerza con firmeza y contundencia para proteger a las familias y sus bienes. Sin embargo, cuando las instituciones gubernamentales renuncian a imponer el orden y sustituyen la aplicación de la ley por incentivos asistenciales de bajo impacto, el ciudadano que entrega legal o preventivamente una herramienta de defensa queda absolutamente indefenso y a merced de la delincuencia.

Puntos clave de la postura conservadora:

 Asimetría de la violencia: Los grupos delictivos y el crimen organizado jamás acudirán a una mesa de canje a entregar su armamento de alto calibre a cambio de un paquete de alimentos básico. Estos programas únicamente terminan desarmando a ciudadanos respetuosos de la ley, dejando las comunidades en un estado de indefensión estructural.

 Ataque a la legítima defensa y la propiedad: La Nueva Derecha sostiene que el derecho fundamental a la protección de la vida, la familia y la propiedad privada se ve quebrantado cuando el Estado presiona la entrega de medios de autodefensa sin ofrecer, a cambio, un entorno verdaderamente seguro e instituciones de justicia eficientes.

 Farsa asistencialista en lugar de Estado de Derecho: Sustituir la inteligencia policiaca, las penas severas y el patrullaje efectivo por programas de dádivas simboliza la capitulación formal de la autoridad frente a las bandas criminales, alimentando la impunidad en los municipios de la entidad.

Frente a la crisis de seguridad que impacta distintas regiones del país, los representantes de la Nueva Derecha hacen un llamado a abandonar la demagogia asistencialista y restaurar un Estado de Derecho con mano firme, donde la ley se aplique con rigor al delincuente y se garantice plenamente la seguridad, integridad y patrimonio de las familias productivas.

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