Por la Redacción Conservadora / Colaboración Ciudadana
El manto del secreto oficial ha caído formalmente sobre uno de los episodios más oscuros e indicativos del colapso del Estado de Derecho en el país. La decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de clasificar como reservada y bajo el pretexto de "seguridad nacional" toda la información sobre el asesinato del exrector y diputado federal electo, Héctor Melesio Cuén Ojeda, hasta el año 2031, no representa un acto de prudencia procesal: es la consagración del pacto de impunidad del régimen.
La ocultación del expediente durante un quinquenio expone la falta de voluntad para aplicar el imperio de la ley cuando los hechos rozan el ejercicio del poder público. El homicidio de Cuén, directamente vinculado al secuestro y traslado a Estados Unidos del capo Ismael "El Mayo" Zambada en la finca Huertos del Pedregal, dejó al descubierto la simulación y el desorden institucional. Lo que inició con montajes periciales en el ámbito local ha derivado en la imposición del silencio desde el ámbito federal.
El uso del secreto oficial para encubrir responsabilidades
Desde una postura comprometida con el orden, la legalidad estricta y la rendición de cuentas, las implicaciones del cerrojo informativo resultan inaceptables:
* Abuso del concepto de "Seguridad Nacional": Instrumentar el concepto de seguridad del Estado para silenciar investigaciones judiciales vulnera la transparencia elemental y confirma el uso arbitrario de las instituciones.
* Protección a estructuras de poder: Ocultar las carpetas de investigación evita deslindar responsabilidades directas en la cadena de mando gubernamental y encubre las probables colusiones entre actores políticos y grupos al margen de la ley.
* Destrucción del Estado de Derecho: Condenar a la ciudadanía y a los familiares al oscurantismo absoluto perpetúa la desprotección de los ciudadanos productivos y ratifica la permisividad frente al crimen organizado.
Restauración de la legalidad sobre el oscurantismo
La seguridad individual y la certeza jurídica no pueden prevalecer en una nación donde el aparato del Estado opera como un escudo de opacidad para proteger al oficialismo.
La sociedad exige la apertura inmediata y transparente de las investigaciones sobre el magnicidio de Melesio Cuén, la fiscalización a los funcionarios involucrados en el caso y el restablecimiento prioritario de las garantías constitucionales que impidan la normalización de la arbitrariedad institucional.
